Arranca una nueva legislatura en Andalucía, con nuevos diputados (se estrenan 54 de los 109), nuevas aritméticas y, sobre todo, nuevos mandatos por parte de los ciudadanos. Se constituye un Parlamento nuevo que, en un contexto de crisis económica y también política, no puede permitirse el lujo de sobrevivir en el letargo. Tiene que hacer bien sus deberes: intramuros, logrando los consensos sólidos y suficientes para no poner en riesgo la credibilidad de la institución, y extramuros, haciendo que el remozado Hospital de las Cinco Llagas sea más accesible y más sensible a una sociedad andaluza que emite claras señales de descontento.
Los nervios de los bisoños, las fotos con la familia al lado del busto de Blas Infante o el placer recuperado de la tapa de ensaladilla en la cafetería pueden ser licencias permitidas (incluso necesarias) para la jornada de la constitución de la Cámara, pero la agenda no invita a mucha más relajación. Sobre todo si sus señorías quieren recuperar la conexión con una ciudadanía que, en gran medida, les mira como una carga, especialmente ahora que reciben a diario el mensaje de que el Estado de las Autonomías se ha ido de madre y de que España no puede permitirse 17 televisiones autonómicas, 17 defensores del pueblo y… No son tantos los que se atreven a mencionar que sobran 17 parlamentos, pero el discurso que late detrás de esta revisión del modelo autonómico conduce a una versión descafeinada de sus funciones y una legitimidad desdibujada, todo ello envuelto en un clima generalizado de desapego de la sociedad con la política, la andaluza, la española y la de Occidente en toda su complejidad.
Este Parlamento nuevo, con un grupo popular crecido hasta los 50 diputados y una mayoría de izquierdas de 59 (47 del PSOE y 12 de IU) de signo contrario a la que sostiene al Gobierno en Madrid, tendrá que saber gestionar las discrepancias y ponerse de acuerdo en las cosas importantes. Tendrá que evitar el frentismo y el bloqueo, que mancha mucho en papel de prensa (lo que puede ser bueno si la relevancia se mide en presencia mediática) pero que también mancha su imagen, mostrándose más como altavoz de los conflictos que como sede catalizadora. Para que gane peso esta última opción, la Cámara tiene que funcionar con reglas del juego compartidas por todos, evitando situaciones como las provocadas por la incompatibilidad de los alcaldes para ser diputados. El mensaje lanzado en este asunto ha sido tremendamente peligroso: ¿si el principal partido de la oposición confeccionó sus listas ignorando una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía por qué yo, sufrido contribuyente, voy a tener que respetar otras leyes emanadas de la misma fuente?
Este Parlamento nuevo, como los anteriores, seguro que se embarca en una otra reforma de su Reglamento (a sus señorías les encanta discutir sobre cómo discutir) pero será una tarea en balde si no sirve para profundizar en las posibilidades reales de control al Gobierno andaluz por parte de la oposición. Éste es, en definitiva, el mayor instrumento de auditoría que tienen los ciudadanos, amén del derecho al voto cada vez que se convocan elecciones. ¿Cómo va el Parlamento a prestigiarse como institución de control si el frente político del principal escándalo de la pasada legislatura se ha dirimido en las portadas de los periódicos? Constituir ahora, a destiempo, una comisión de investigación sobre el caso ERE quizá no aporte demasiadas novedades, pero sí que puede ser un precedente para hacer que el Parlamento nuevo sea más vigoroso.
Lo será, sobre todo, si sabe interpretar las nuevas demandas de una sociedad cambiante, saturada de información y de ruido y que ha expresado en las urnas su creciente desafección con las instituciones democráticas (la abstención ha aumentado), el debilitamiento de las grandes formas de identidad política (las opciones electorales son tan inestables como ánimo de los votantes) y la alienación de muchos jóvenes, que se sienten fuera del sistema.
Integrar a esas nuevas generaciones es una de los grandes tareas pendientes de este Parlamento nuevo en el que gana voz y peso IU, la organización que quiso canalizar la energía del movimiento 15-M. Aquella explosión de indignación y compromiso se fue desinflando, en parte, porque no fue patrimonio de unas siglas, pero el malestar de esos cientos de miles de ciudadanos sigue latente, incluso agravado ahora que la crisis también es más grave. Está por ver hasta qué punto logra IU ser la portavoz de esas ambiciones, entre las que fue especialmente sonora la reforma de la Ley Electoral para evitar que las matemáticas favorezcan a las mayorías. Esta vieja reivindicación de la federación de izquierdas se antoja un poco complicada en el contexto actual, sin margen político para revisar la norma estatal (la simetría de ambas leyes es deliberada) y sin autoridad moral para explicar a los ciudadanos que, para hacerlo más representativo, se va a ampliar el número de escaños en el Parlamento andaluz, como siempre ha pedido IU. ¿Más diputados, más sueldos y más dietas por desplazamientos en la cresta de la ola de la austeridad?
Ahora que los ciudadanos perciben cada vez con más desolación que lo verdaderamente importante se cuece fuera de las fronteras de su soberanía, este Parlamento nuevo tiene que buscar la fórmula para contribuir, en la medida de sus posibilidades, a frenar el abandono de la política por parte de la calle. Ahora que cae la identificación con los partidos tradicionales, quizá sea el momento de que este Parlamento nuevo propicie espacios distintos para que se expresen otros actores que, sin la legitimidad de las urnas, se desenvuelven con comodidad en la sociedad (movimientos ecologistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales). Este Parlamento nuevo no puede perder la oportunidad de profundizar en medidas como el ‘escaño 110’ aprobado en noviembre pasado y de innovar en el fondo y en la forma de articular las inquietudes de la calle.
Para volver a generar expectativas en los andaluces, este Parlamento nuevo tiene que ser nuevo de verdad.
Inma Carretero 